Flexibilidad y responsabilidad en la nueva orden ejecutiva

En estos días se ha estado escuchando por la radio un anuncio de un grupo de empleados de casinos pidiendo a la gobernadora que se permita abrir a los casinos en la próxima revisión de la orden ejecutiva vigente para el control de la pandemia del COVID-19. En el mensaje, los trabajadores resaltan dos puntos: primero, que el cierre de sus centros de trabajo les está ocasionando un daño económico severo, y, segundo, que los operadores y empleados de casinos cumplen con protocolos estrictos de seguridad para evitar convertirse en focos de contagio.

Lo que escuchamos en este anuncio es solo una de muchas voces que piden que se flexibilice la orden ejecutiva para limitar el daño a los comercios y negocios, así como a los trabajadores que han estado fuera de sus empleos por varios meses. La Asociación de Hoteles quiere que se permitan abrir las piscinas, gimnasios y casinos de las hospederías, y la Asociación de Comercio al Detal insiste en que se amplíe el horario de operación de las tiendas, incluyendo los domingos.

Con este coro creciente de voces a favor de una orden ejecutiva menos estricta es evidente que ya hay una percepción generalizada de que las medidas para contener la pandemia están ahogando a los negocios. También va ganando terreno la percepción de que el gobierno está penalizando negocios que implantan y hacen cumplir los protocolos de seguridad sanitaria, obligándolos a limitar sus operaciones, mientras las mismas autoridades gubernamentales son impotentes para controlar a los que violan la orden ejecutiva.

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Juan Lara 
Tribuna Invitada 
El Nuevo Día 
jueves, 10 de septiembre de 2020
(Foto: Gabriella N. Báez/Bloomberg)