Tres retos en la manufactura

Por varios años hemos vivido con la amenaza de que el Tesoro de Estados Unidos tome acción unilateral en relación con la Ley 154, la cual creó el llamado arbitrio de 4 por ciento que pagan las afiliadas de las compañías manufactureras que operan en Puerto Rico como corporaciones foráneas.

Este impuesto produce alrededor de dos mil millones de dólares al año para el fisco puertorriqueño, y ha sido objeto de controversia desde que se implantó en la administración de Luis Fortuño.

Esta semana se informó que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (el IRS, por sus siglas en inglés) está considerando un cambio de reglas contributivas que podría significar que en el futuro cercano las compañías ya no podrán acreditar esos pagos contra su obligación contributiva federal.

Si en algún caso se puede aplicar el cliché de la “crónica de una muerte anunciada”, es en este. Casi desde que se aprobó la Ley 154, el IRS ha dicho repetidamente que el hecho de permitir la acreditación del impuesto en la planilla corporativa federal era una concesión temporera a Puerto Rico, dada la gravedad de su situación fiscal. En meses recientes, el Tesoro federal ha sonado cada vez más impaciente al pedir que el gobierno de Puerto Rico lo releve de ese compromiso asumido de mala gana.

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Juan Lara 
Tribuna Invitada 
El Nuevo Día 
sábado, 3 de octubre de 2020
(Foto:loesencialpr.com)