El impasse con el plan de ajuste de la deuda

El giro que ha tomado el debate sobre el plan de ajuste de la deuda (PDA) es sorprendente y preocupante. En menos de una semana hemos visto lo que parecía ser un acuerdo negociado entre la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador y la legislatura desembocar en un impasse que podría dar al traste con el acuerdo para renegociar unos 35 mil millones de dólares de deuda del gobierno central.

De manera sorpresiva, el jueves pasado la Junta le dio un ultimátum al Senado de Puerto Rico para que aprobara, en un plazo de no más de 24 horas, el proyecto de ley que ya se había aprobado en la Cámara de Representantes para viabilizar el PDA. De lo contrario, la Junta acudiría ante la jueza Laura Taylor Swain para pedir que se detuviera la consideración del plan.

De inmediato, surgieron dudas sobre la interpretación de la advertencia que acompañaba al ultimátum de la Junta. La palabra utilizada en el mensaje oficial, en inglés, fue “adjournment”. Este vocablo se podría interpretar como un aplazamiento de la consideración del plan, pero también puede significar dejar en suspenso su tramitación. A juzgar por las consecuencias muy graves que la propia Junta dice que podría tener esta decisión, habría que entender que la interpretación más apropiada es la segunda y no la primera.

Según la Junta, se podría abrir la puerta para muchas cosas desagradables, incluyendo el prolongar la renegociación de la deuda, con los costos que eso conlleva, y una posible avalancha de litigios de bonistas que ya contaban con la aprobación del PDA. Podrían quedar también en peligro las pensiones, despojadas de la protección que se había acordado en las negociaciones previas entre la Junta, el gobernador y la legislatura, así como las aportaciones a la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

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TRIBUNA INVITADA
El Nuevo Día
Por: Juan Lara
Viernes, 22 de octubre de 2021
(Foto por: Teresa Canino Rivera)