En busca de luz para los años posteriores a la quiebra en Puerto Rico

Los primeros días de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) han transcurrido sin sobresaltos, aunque han salido a relucir algunos hechos y datos que no se habían revelado anteriormente. Al ritmo que marcha el proceso, parece que el plan tiene buenas posibilidades de ser aprobado por la juez Laura Taylor Swain.

Uno de los datos nuevos que han salido a la luz es que los asesores de la Junta de Supervisión Fiscal le han puesto un costo en dólares y centavos a la decisión de no recortar las pensiones del gobierno. Según se informó, la Junta estima que esto le sumará unos 68 millones de dólares anuales al gasto en pensiones y que puede alcanzar hasta 1,900 millones de dólares en dos décadas. No es una cifra trivial, pero tampoco resulta preocupante cuando se compara con un servicio de la deuda nueva que oscilará entre mil y dos mil millones de dólares anuales, o con el costo que ha tenido la aplicación de la ley Promesa, que en solo cinco años ya ronda los 900 millones de dólares.

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Lo que no hemos visto todavía es un debate a fondo sobre la sostenibilidad del plan, algo a lo que se supone que la juez le dé bastante importancia al momento de tomar su decisión final. Desde que se anunciaron las primeras versiones del PAD, que ya va por su octava encarnación, se ha planteado que la capacidad de pagar de tres mil a cuatro mil millones de dólares al año entre deuda y pensiones no es algo que se pueda dar por sentado. La postura de que sí es sostenible, la cual comparten la Junta, los bonistas y el gobierno, se basa en proyecciones de crecimiento económico y superávit fiscal que tienen un margen considerable de error.

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TRIBUNA INVITADA
El Nuevo Día
Por: Juan Lara
Jueves, 11 de noviembre de 2021
(Foto por: Sara R. Marrero Cabán)