Como economista, pienso que, en términos generales, los servidores públicos deben recibir una compensación de mercado, similar al sector privado. Trabajar en un puesto gubernamental no debe ser ni privilegio ni sacrificio.
Así pues, los servidores públicos deben tener el mismo salario mínimo que los trabajadores del sector privado. También deben tener salarios similares. Además, deben tener un paquete de beneficios marginales similares al sector privado. Esto incluye horario de trabajo, días feriados, días de vacaciones, días de enfermedad, seguro médico y sistema de retiro.
Tradicionalmente, los empleados públicos han combinado salarios bajos con compensaciones muy altas. Los bajos salarios más que se compensaban por unos beneficios marginales extraordinarios, particularmente lo relacionado con los recién quebrados planes de pensiones.
La forma en que se les está pagando hoy día a los maestros del sector público es la correcta. Recibieron un aumento en su compensación de $1,000 mensuales que representa una buena compensación salarial. Por otro lado, se eliminó el sistema de pensiones definidas donde, irónicamente, ahora los estudiantes de los maestros retirados tienen que pagar esas pensiones más los salarios de los maestros de sus hijos.
Por lo tanto, como economista pienso que a los empleados públicos les debe cobijar el mismo salario mínimo de $8.50 que le aplica al sector privado. El impacto fiscal en el gobierno central sería marginal. Sin embargo, las complicaciones serían abundantes.
En primera instancia, el aumento en salario sería una carga para los municipios que de por sí están bajo presión financiera. La legislatura quiere subir los salarios, pero no desea reducir los beneficios marginales para compensar el costo de dicho aumento salarial. Tampoco desea subir impuestos para financiar el aumento en salarios. Ni desea promover despidos de personal para manejar el costo total de nómina de los municipios.
Una de las razones por las que Puerto Rico enfrenta un proceso de quiebra es el aumento en gastos gubernamentales sin considerar cómo se van a pagar. La propuesta ley de aumento de salario mínimo al sector público luce que repite los errores del pasado.
La preocupación del gobierno central aparenta ser otra. Si se compromete dinero del Fondo General en aumentos que no están relacionados con los Planes de Clasificación y Retribución Uniforme se podrían poner en peligro estos últimos. Los Planes de Clasificación son un esfuerzo bien estructurado de darle coherencia a los salarios del sector público, para llevarlos a que estén en línea con los salarios en el sector privado.
Además, si al sector público le aplican los aumentos de salarios futuros que le aplican al sector privado, entonces se abre la puerta a mayor intervención de la Junta de Supervisión Fiscal en la determinación del salario mínimo.
Personalmente estoy claro de los beneficios de un salario mínimo uniforme a través de toda la economía. También estoy consciente de los posibles efectos que tendría. En el balance, creo que lo ideal sería proceder siempre y cuando se incluya en la legislación los mecanismos para su financiamiento.
