En la legislatura se está considerando ofrecer un crédito contributivo a quienes perdieron dinero con los bonos de Puerto Rico (P. de la C. 1582) y vendieron sus bonos entre el 2013 y el 2016. El que suscribe sería uno de los beneficiados. Sin embargo, sería mala política pública.

Antes del 2013 los inversionistas tenían la opción de invertir en bonos del gobierno de Puerto Rico y obtener tasas de interés de sobre 5% anual. También tenían la opción de invertir en bonos del gobierno federal y obtener punto bicicleta o en certificados de depósito que pagaban tasas similares. La diferencia entre las opciones responde al riesgo.

Uno de los pilares de la industria financiera es que, a mayor riesgo, mayor retorno a la inversión. Quienes invirtieron en certificados de depósitos tenían su principal garantizado ya sea por el FDIC si era un banco comercial o por COSSEC si era una cooperativa.

Los que invirtieron en bonos del gobierno federal tenían su principal garantizado porque Washington D.C. siempre tiene la opción de imprimir dinero para pagar sus deudas. Los issues recientes del límite de deuda del gobierno federal serán cubiertos en una columna subsiguiente. Spoiler, los federales van a pagar su deuda.

Los que invirtieron en bonos del gobierno de Puerto Rico sabían, o debieron saber, que estaban aceptando un riesgo. Las casas acreditadoras certificaron que el riesgo existía pero que era pequeño. El gobierno de Puerto Rico había pagado su deuda a través del cierre del gobierno del 2006 y a través de la crisis global del 2007-2008. La Constitución del ELA indica que el pago de la deuda se tiene que realizar antes que el pago de salarios de maestros y policías. Hasta que en el 2015 se dejó de pagar.

La legislación propuesta no distingue entre los inversionistas sofisticados que conocían el riesgo y los inversionistas poco sofisticados. Sin embargo, la industria de valores tiene un sistema diseñado precisamente para distinguir entre los inversionistas sofisticados que no merecen ninguna compensación y los inversionistas menos sofisticados que merecen compensación parcial o total por parte de las casas de corretaje que les asesoraron en su inversión.

El Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) es una corporación privada que regula la actividad entre corredores de bolsa y el público inversionista. Se sometieron ante ella miles de querellas por parte de dueños de bonos del gobierno de Puerto Rico. Entre los querellantes había desde personas que no completaron escuela superior hasta miembros de juntas de directores de bancos comerciales. Todos alegaron que ellos no conocían el riesgo de invertir en bonos del gobierno de Puerto Rico a cambio de altas tasas de interés.

FINRA adjudicó compensación total, parcial o ninguna a base de la sofisticación del inversionista. Como en todo proceso cuasi judicial, no siempre los querellantes o los querellados consideraron la decisión justa. Sin embargo, es un proceso serio que distinguió entre los distintos inversionistas.

Ahora, a quienes FINRA no compensó en su totalidad, están cabildeando para que sea el pueblo de Puerto Rico quien los compense. Por fuerza, se trata mayormente de inversionistas sofisticados.

La legislación se limita a pérdidas entre el 2013 y 2016, por lo que los inversionistas que mantuvieron sus bonos hasta la reciente restructuración de la deuda no se beneficiarán de la medida. Es de suponer que los que están empujando la medida vendieron sus posiciones entre el 2013 y el 2016.

El pueblo de Puerto Rico no va a compensar a quienes perdieron dinero en la burbuja inmobiliaria, no va a compensar a quienes perdieron dinero en acciones de R&G o Doral. No debe compensar a quienes FINRA no favoreció por ser inversionistas sofisticados.