Luego de diez años, ¿dónde está la Junta de Supervisión Fiscal y hacia dónde va? Es nuestra responsabilidad civil fiscalizar a este organismo no electo, pero que financia el pueblo de Puerto Rico.

Ya se llevaron a cabo las reestructuraciones de deuda con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El gobierno de Puerto Rico lleva años cumpliendo con el pago de la deuda, tanto de los bonos, como de los planes de pensión.

Por lo tanto, para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluya su labor, queda pendiente que se completen cuatro presupuestos balanceados consecutivos y que se tenga acceso a los mercados de capital. La narrativa de la JSF es que se quiere ir. Sin embargo, las actuaciones no son consistentes con dicha narrativa.

La JSF debería tener una hoja de ruta con logros esperados a lo largo del camino, todos culminando en “misión cumplida”. Pero si esos objetivos no se alcanzan, entonces debería realizar una evaluación de por qué fracasó y de cuales serán los nuevos pasos a seguir para ser exitosa. Si por A, o por B, la Junta es incapaz de cumplir su misión, entonces el propio ente debería pedir al Congreso federal su disolución.

La realidad es que, si la hoja de ruta hacia la misión cumplida está en el website de la JSF, la esconden muy bien. Todo lo contrario, al leer su página electrónica uno percibe una actitud de permanencia, como si constituyera una especie de gobierno de duración indefinida, en lugar de una entidad transitoria.

Como la renegociación de la deuda casi terminó, la JSF ha estado buscando qué hacer. Los esfuerzos se pueden dividir en, por un lado, mejorar la capacidad de ejecución del gobierno de Puerto Rico y, por otro lado, apuntalar el desarrollo económico y social del país.

En el primer caso, se observan éxitos concretos. Se está llevando a cabo una reforma del servicio público para ajustar los salarios gubernamentales al mercado. Se está implantando un nuevo sistema de control financiero gubernamental. Se están desarrollando métricas de gasto por estudiante para procurar una mejor toma de decisiones.

En el segundo caso, tratar de implantar dirección a la política pública, el fracaso es la norma. Así pues, contrataron, en 2024, a BCG por $2.85 millones para una labor de siete meses consistente en realizar un estudio sobre la economía de Puerto Rico. Entiendo que todavía no se ha hecho público el trabajo, pagado con nuestros impuestos.

Dado que el rol de la Junta cambió con respecto las ejecutorias iniciales, hace diez años, su estructura debería cambiar. Por ejemplo, los “stakeholders”, con quienes le toca comunicarse a la Junta, ahora son principalmente locales. Tener un director de comunicaciones que no habla español y reside en Nueva York podría hacer sentido al inicio de sus gestiones. Sin embargo, al presente no es cónsono con el nuevo rol de la entidad. Si los viajes a Nueva York son pagados con nuestros impuestos, constituyen un despilfarro por parte de una Junta que pide austeridad constante a Puerto Rico.

Otro asunto importante para que la JSF sea exitosa implica tener un poco de humildad. Al mejor portero a veces le anotan un gol. Pero la actitud cuando se le critica es de arrogancia.

Por ejemplo, al aprobar el contrato de New Fortress Energy de 2019, aprobó de manera implícita que esa empresa tomara control monopólico del despacho de gas en el Puerto de San Juan. Luego, en el contrato de 2025, no forzó a convertir el manejo de gas en el puerto capitalino en un servicio reglamentado y disponible para cualquier empresa. Sin embargo, la Junta ha rechazado cualquier comentario relacionado con estas fallas.

Finalmente, deseo agradecer a los miembros presentes y pasados de la Junta de Supervisión Fiscal. Con sus luces y sombras, estas personas han aportado su tiempo y esfuerzo con el objetivo de que logremos un mejor Puerto Rico.