Nuevamente la Ley Jones es motivo de controversia. Durante los pasados días, el consumo de diésel en Puerto Rico ha sido enorme, debido a insuficiencias del servicio energético, que se restablece lentamente. Un buque con bandera extranjera tenía ese combustible disponible para despachar en la isla. Finalmente, gracias a una dispensa a las disposiciones sobre cabotaje en el referido estatuto federal, pudo atracar y despachar el necesario combustible.

La Asociación de la Industria Marítima de Estados Unidos, seguramente después de consultar a sus miembros en la isla, expresó su decepción ante la decisión del presidente Joe Biden de extender la dispensa. Es decir, a las compañías navieras les importa más proteger su monopolio que nuestros hospitales y centros de cuido de ancianos se puedan quedar sin diésel para operar sus generadores de emergencia y, por lo tanto, no tengan electricidad para atender a sus pacientes y otras personas vulnerables.

Algunos argumentaron que la escasez de diésel no se debía a la falta de abastecimiento sino a otros asuntos como carreteras bloqueadas y a un número limitado de choferes de camiones de acarreo. Aun presumiendo que los otros asuntos sean ciertos, la cantidad de diésel consumida en pocos días fue brutal, si se compara con el consumo regular en la isla. Es obvio que era necesario suplementar la capacidad de transporte marítimo regular. Y dichos abastecimientos suplementarios no precluyen atender los otros temas relacionados a la distribución de diésel.

Otro argumento en la controversia ha sido que como la mayoría del combustible que se transporta a Puerto Rico es con buques de bandera extranjera, una dispensa no cambia en nada la forma en que se transporta el combustible a la isla. La llegada de un buque procedente de Estados Unidos como resultado de la dispensa prueba que la misma en efecto cambia la forma y la rapidez como se transporta el combustible a Puerto Rico.

La razón por la que la mayoría del combustible que se transporta a Puerto Rico es con buques de bandera extranjera es precisamente el alto costo que impone la Ley Jones. Usualmente es más barato traer diésel de Europa que de Louisiana, y no existen barcos de bandera norteamericana para traer gas desde Estados Unidos por lo que importamos desde Algeria. En el momento en que se otorga una dispensa, importamos desde Estados Unidos.

No es la primera vez que tenemos una polémica de esta índole durante una emergencia. Después del huracán María en 2017, Donald Trump otorgó 10 días de dispensa para dejar sin efecto restricciones de cabotaje. En esos 10 días, importadores en Puerto Rico compraron mercancía, consiguieron alquilar diez buques que en ese momento estaban disponibles y pusieron la carga en esos barcos. La mercancía incluyó combustible diésel, generadores, agua y comida para bebé, entre otros productos. Esa carga llegó a Puerto Rico en un momento crítico y ayudó a salvar vidas. Por supuesto, la Asociación de la Industria Marítima se opuso.

En el pasado, los navieros contrataron economistas del patio para realizar documentos de encargo como herramientas de cabildeo. Los documentos son tan patéticos que uno de ellos argumenta que la Ley Jones es tan positiva que los precios de la comida en la Florida son más caros que en Puerto Rico. Cualquiera que haya visitado un supermercado en ese estado sabe que esta conclusión es absurda.

Agraciadamente, hace años que ningún economista reconocido se presta aquí para estos juegos. El último estudio sobre el impacto de la Ley Jones financiado por las navieras que sirven el mercado de Puerto Rico fue encomendado a un economista norteamericano.

La lucha contra la Ley Jones continúa. Si bien las probabilidades de éxito en el corto plazo son nulas, por el bien de los que residimos en Puerto Rico, eventualmente la vamos a eliminar.