La administración del gobernador Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal están trabajando en un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para el gobierno, el cual se espera que entre en vigor al inicio del año próximo. Aunque podría haber debate y negociación sobre algunos detalles del plan, no hay duda de que la actualización de los puestos de trabajo y los salarios en la administración pública es un paso necesario en la reforma del sector público que se requiere para superar definitivamente la crisis fiscal que nos llevó al régimen de la ley Promesa.

Después de cinco años de enfocarse en la renegociación de la deuda pública—la cual deberá completarse en los próximos nueve meses con un acuerdo final sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica—la Junta y el gobierno tienen que concentrarse en los otros objetivos de Promesa, entre ellos el lograr cuatro presupuestos balanceados en secuencia y viabilizar el regreso de Puerto Rico a los mercados de crédito. Dentro de ese marco es que resulta imperativo reformar la administración pública, incluyendo todo lo relacionado a las condiciones de trabajo de los servidores públicos.

Por muchos años ha habido una percepción generalizada, y no sin fundamento, de que la política partidista sabotea el sistema de mérito en el empleo gubernamental y entorpece la consolidación de un equipo de recursos humanos de carrera que le dé continuidad profesional a los servicios públicos. En la nueva cultura fiscal que debe prevalecer luego de salir del proceso de Promesa es necesario que la administración pública se fundamente en el trabajo y la productividad de empleados bien motivados y enfocados en su misión, y no en quedar bien con un color político u otro.

A largo plazo, el gobierno tiene que ser capaz de proveer los servicios públicos esenciales de manera eficiente y ajustándose a los límites de un presupuesto equilibrado y sostenible. A la misma vez, debe poder pagar salarios y beneficios que estén en armonía con las tendencias en el mercado de trabajo privado, para incentivar el servicio profesional de carrera. Para lograr esos objetivos múltiples, es necesario inducir un aumento sostenido en la productividad, lo cual requiere, a su vez, buena motivación y la incorporación continua de las nuevas tecnologías informáticas.

Los voceros del gobierno han dicho que en el nuevo plan no se le reducirá el salario a nadie ni se bajará a ningún empleado a una clasificación inferior a la que ahora tiene. En otras palabras, los empleados actuales solo pueden subir en clasificación o ingreso; o, en el peor de los casos, quedarse como están. También han dicho que se proponen reducir drásticamente el número de clasificaciones diferentes y acercar las escalas salariales a las que prevalecen en la generalidad del mercado de trabajo. Si lo hacen así, van en buena dirección.

En días recientes ha habido cierta fricción entre La Fortaleza y la legislatura sobre las escalas salariales que deben aplicarse en el servicio gubernamental. La legislatura tiene no solo el derecho, sino la obligación, de participar en cualquier reforma del servicio público que se lleve a cabo, pero es esencial que el plan de clasificación y retribución no se paralice en una discordia entre las ramas del gobierno.

Todos los que recordamos las filas de pesadilla que había que hacer en Obras Públicas años atrás para cualquier trámite relacionado con un automóvil personal estamos agradecidos de la forma en que se han reorganizado esos procesos. Lo mismo se puede decir de servicios en Hacienda y otras agencias gubernamentales. Ese progreso debe continuar, y los empleados que producen y prestan esos servicios deben recibir la justa compensación por ello.