Cinco exjueces del Tribunal Supremo han presentado una demanda inapropiada para incrementar sus pensiones. Alegan que, al igual que antes de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, estas deben ser equiparadas a los salarios de los magistrados activos.
En julio de 2024, el salario del juez presidente del Tribunal Supremo aumentó de $125,000 a $164,000, mientras que el de un juez asociado pasó de $120,000 a $154,000. Este incremento tuvo en cuenta la eliminación del plan de retiro de la rama judicial, resultado de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Las pensiones de los exjueces, sin embargo, permanecieron en los montos originales, motivo por el cual ahora reclaman que su pensión les otorga derecho a ese beneficio.
No puedo opinar sobre los aspectos legales de la demanda. Sin embargo, es probable que la argumentación en contra de los exjueces se base en que muchos derechos contractuales vinculados al gobierno de Puerto Rico fueron menoscabados por el proceso de quiebra, incluidas las pensiones de los jueces del alto tribunal.
Desde un enfoque técnico, y no legal, para hacer comparables las cifras, es fundamental tener en cuenta que los jueces en la actualidad no tienen derecho al sistema de pensiones de la rama judicial, que tanto benefició a los exmagistrados. Además, hay que considerar que también reciben pensiones del Seguro Social. Es decir, un integrante del Tribunal Supremo actualmente cuenta con una compensación total superior a la de los jueces activos.
Además, se presenta un problema de justicia. Las pensiones que reciben los exjueces superan ampliamente las aportaciones que realizaron. Se suponía que los más jóvenes cubrirían esta brecha, pero en su lugar, este mecanismo beneficia injustamente a los exjueces en detrimento de quienes ocupan posiciones inferiores en la rama judicial.
La petición también plantea consideraciones morales. Uno de los principales factores detrás de la quiebra del gobierno de Puerto Rico fue el déficit actuarial de los sistemas de pensiones. Estos cinco exjueces tenían la responsabilidad de velar por la salud del sistema de retiro de la rama judicial, pero fallaron al permitir que este se deteriorara, convirtiéndose en parte responsables de la mencionada bancarrota.
Es significativo señalar que los exjueces demandantes son los mismos que respaldaron y protegieron el sistema injusto y menoscabado de pensiones de la rama judicial. En fallos contradictorios, algunos de ellos votaron a favor de recortar las pensiones de otros servidores públicos en un caso, mientras que en otro se negaron a aceptar una reducción en sus propias pensiones.
La generación de estos cinco exjueces ha dejado a las actuales un país en quiebra y ahora intenta quitar más beneficios a los más jóvenes de la rama judicial.
Desconozco los méritos legales de la demanda, pero en términos de justicia claramente no corresponde.