La gobernadora Jenniffer González afirmó que negociar un contrato de compra de gas con New Fortress Energy (NFE) era como negociar con una pistola apuntando a la cabeza. La razón es que, a través de un contrato otorgado en octubre del 2018, NFE tiene control del único terminal para gas en el puerto de San Juan.

Basado en esta negociación desigual, el gobierno recientemente acordó un contrato de exclusividad de compra de gas con NFE de $20,000 millones a lo largo de quince años, con el fin de suplir a Puerto Rico de electricidad. Agraciadamente, la Junta de Supervisión Fiscal, dirigida por Robert Mujica, detuvo el contrato.

Mientras se renegocia la provisión de gas a largo plazo, es necesario alterar las condiciones de la negociación por el bien de Puerto Rico.

El acuerdo original, negociado por la administración del exgobernador Ricardo Rosselló fue de $1,500 millones. A cambio de inversiones en el puerto de San Juan, se le otorgó exclusividad a NFE del único terminal de gas en San Juan por 20 años.

Dicho contrato fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal cuando estuvo dirigida por Natalie Jaresko. La fecha de aprobación fue 4 de marzo del 2019. Así lo afirma NFE en un comunicado de prensa emitido el 5 de marzo y que fue registrado en el Securities Exchange Commission. Así lo afirman los abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica, King & Spalding, en un comunicado de prensa fechado el 14 de marzo.

Para quitarle la ventaja a NFE es necesario alterar las condiciones legales y reglamentarias sin tocar el contrato entre la AEE y NFE, ni pagar las penalidades estipuladas en dicho contrato.

Se podría legislar para que el terminal de gas, que es una infraestructura monopolística, esté disponible a cualquier vendedor de gas, pagándole a NFE un precio justo por la utilización del terminal de gas. El precio a pagar a NFE estaría reglamentado por el Negociado de Energía.

Esto no sería nada nuevo para el gobierno de Puerto Rico. Al presente, Pipelines of Puerto Rico opera la única tubería que suple combustible de aviación al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Se puede despachar combustible mediante camiones, pero la tubería es el mecanismo más costoefectivo y seguro. El precio de transportar el combustible de aviación está reglamentado.

A nivel de Estados Unidos, el Federal Energy Regulatory Commission reglamenta los precios de transmisión de electricidad y gas natural cuando se trata de movimientos inter-estatales. Si el movimiento es intra-estatal, puede ser reglamentado por cada estado.

Puerto Rico podría legislar algo más agresivo. Prohibir que una misma empresa venda gas natural y opere un terminal de gas. NFE podría mantener su contrato con la AEE, pero tendría que subarrendar la operación del muelle. El subarrendador estaría obligado a recibir en el terminal tanto el gas de NFE, como el de otros proveedores.

Nuevamente, esto no sería nada nuevo para el gobierno de Puerto Rico. Actualmente, los mayoristas de gasolina no pueden operar estaciones de combustible en la isla. Incluso las estaciones de las que son dueños, las tienen que arrendar a un tercero.

Urge llegar a un contrato razonable para la entrega de gas a largo plazo. No es factible hacerlo con el contrato de NFE y el marco legal existente.