El final del mandato de la Junta de Supervisión Fiscal sucederá cuando se cumplan las condiciones indicadas en la Ley Promesa. No tengo el peritaje para opinar sobre los aspectos legales, pero es factible que las condiciones financieras se cumplan para el 2026.

La Junta de Supervisión Fiscal indica en su página de internet que para terminar con su mandato se necesita cumplir con tres condiciones: restructurar toda la deuda del gobierno de Puerto Rico, ejecutar cuatro presupuestos balanceados y acceder a los mercados de capitales a tasas de interés razonables.

Casi toda la deuda del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades ya ha sido restructurada. Esto incluye los bonos de obligaciones generales, los bonos de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (Cofina) respaldados por los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), los bonos de la mayoría de las corporaciones públicas y los compromisos de los planes de pensiones. Falta la Autoridad de Energía Eléctrica.

El gobierno de Puerto Rico alega que Promesa no requiere la restructuración de toda la deuda. Esto es una controversia legal entre la Junta, un ente federal, y el gobierno estatal.

En cuanto a los presupuestos balanceados, no está en controversia que antes de marzo del 2022, cuando se reestructuró la deuda del gobierno central, no había presupuestos balanceados porque no se estaban pagando las obligaciones de deuda.

A partir del año fiscal 2022, que terminó en junio de ese año, la deuda se está pagando. Mediante auditorías externas se está validando de que en efecto los presupuestos están balanceados. Si los presupuestos de los años fiscales del 2022, 2023, 2024 y 2025 estuvieran balanceados, la auditoría externa lo validaría a principios del año calendario 2026.

Existe una preocupación legítima en cuanto a si los presupuestos continuarán siendo balanceados. Algunos gastos, como el aumento de $1,000 mensuales a los maestros del sistema escolar público, se están financiando con fondos federales no recurrentes. Por otro lado, los superávits del gobierno de Puerto Rico están siendo significativos.

Además, entre los gastos se ubican dos renglones importantes que no son recurrentes. Por un lado, se supone que durante 10 años el gobierno aporte $150 millones anuales para un fondo de emergencia y se está aportando por encima de esa suma.

Por otro lado, se supone que durante 10 años, además de pagar las pensiones gubernamentales, se aporten $1,000 millones anuales a un fondo para pagar pensiones en caso de que haya una debacle en las finanzas del gobierno. Hasta ahora se han pagado las pensiones, se han separado los $1,000 millones anuales y en un futuro las responsabilidades de pensiones del gobierno van a comenzar a declinar según los pensionados fallecen.

En cuanto al “acceso a los mercados de capital”, Promesa no lo define claramente. Es probable que se susciten controversias entre el Gobierno y la Junta en cuanto a dicha definición.

De todas formas, el gobierno de Puerto Rico sostiene reuniones con las agencias acreditadoras, preparando el camino para emisiones de deuda futura. Al presente, la deuda de COFINA, respaldada por el IVU, se está traficando a tasas de interés anual por debajo del 6%, mientras que deuda no asegurada se trafica cerca del 9%.

Se comienzan a producir las condiciones financieras para que la Junta salga en el 2026. No puedo opinar sobre los aspectos legales. Tampoco puedo opinar sobre los elementos políticos que podrían impactar la interpretación de los hechos financieros y el marco legal. Desde mi punto de vista, cruzo los dedos por una salida amistosa de la Junta en el 2026.