En Puerto Rico, la violencia contra la mujer se ha convertido en una tragedia recurrente. Se discute como un problema social, un asunto de seguridad e incluso una crisis moral. Pero rara vez se aborda desde una perspectiva económica.

La violencia contra la mujer no solo destruye vidas; también debilita sistemáticamente la capacidad productiva de Puerto Rico. Desde una perspectiva económica, genera costos que afectan simultáneamente al estado, al sector privado y a los hogares. Cada incidente activa una cadena institucional (salud, justicia, asistencia social) que consume recursos significativos y, en muchos casos, interviene de forma tardía.

Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que la violencia doméstica representa costos de cientos de miles de millones de dólares anuales en Estados Unidos, considerando la atención médica, la pérdida de productividad y los servicios sociales. Un estudio publicado por la entidad federal en 2018 estimó que el costo económico de por vida relacionado con la violencia de pareja íntima en Estados Unidos, incluyendo atención médica, pérdida de productividad laboral y costos del sistema de justicia criminal, asciende a $3.6 trillones. Puerto Rico no cuenta con una medición integrada de este impacto.

Más allá del gasto público, existe un componente crítico que rara vez se cuantifica: la pérdida de productividad. Mujeres que se ven obligadas a abandonar sus empleos, reducir sus horas laborales o trabajar en condiciones de estrés extremo no solo pierden ingresos, sino que también limitan su desarrollo profesional y su capacidad para contribuir plenamente a la economía.

Esto tiene un efecto en cadena: menor ingreso familiar, menor consumo, menor actividad económica. Si las mujeres son madres, eso impacta a sus hijos. Vale señalar que la pobreza entre niños en Puerto Rico es 59.6%, mayor que entre la población general (37.3%) y la población mayor de 65 años (38.7%).

En una economía que ya enfrenta retos estructurales en la participación laboral, en particular la femenina, la violencia doméstica no es un factor menor. Es un golpe directo a la capacidad productiva del país.

Sin embargo, el impacto más profundo y peligroso se observa en el capital humano. Los hijos que crecen en entornos violentos tienen mayor probabilidad de presentar rezagos educativos, problemas de conducta y dificultades para integrarse productivamente a la sociedad. Además, la exposición a la violencia en el hogar aumenta la probabilidad de reproducir esos mismos patrones en la adultez.

A esto se suma un elemento que rara vez se discute en el ámbito económico: el clima social. Los altos niveles de violencia generan incertidumbre, deterioran la cohesión social y afectan la percepción de estabilidad. Ninguna economía prospera en un entorno de inseguridad persistente.

Ante este panorama, la respuesta pública no puede seguir siendo mayormente reactiva. Desde la economía, la lógica es contundente: prevenir es menos costoso que remediar.

Esto implica redirigir esfuerzos hacia políticas públicas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres. Son necesarios sistemas de información inter-agencial para, desde temprano, identificar riesgos e invertir de manera sostenida en programas de prevención. No se trata únicamente de asignar más recursos, sino de asignarlos mejor.

Asimismo, Puerto Rico requiere desarrollar una medición formal del costo económico de la violencia contra la mujer. Lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, se perpetúa.

La violencia contra la mujer no es solo una crisis humana. También es una crisis económica de primer orden. Y como país, no podemos darnos el lujo de ignorarlo.