Las consecuencias económicas de la victoria del Partido Demócrata son significativas por el control del presupuesto que la constitución de Estados Unidos otorga al Congreso.
Lo que hace del presupuesto una herramienta tan poderosa es que se requiere aprobar cada año. El presidente Donald Trump no puede sencillamente vetar la medida. Requiere un presupuesto aprobado por el Congreso para operar el gobierno. Esto lo fuerza a presentarse a la mesa de negociación.
Las investigaciones por parte del nuevo Congreso con respecto a la administración Trump van a tardar. Por lo que, no tendrán mucho impacto inmediato. Trump no va a poder nombrar a los jueces del Tribunal Supremo de su preferencia y, como resultado, cualquier vacante se llenará después del 2028.
Sin embargo, el control del presupuesto tendrá consecuencias inmediatas. Por ejemplo, en lo que respecta a la guerra de EE.UU./Israel contra Irán. Ningún evento a nivel global tendría un impacto más inmediato que el fin de la guerra del Golfo Pérsico. Eso incluye el precio de la gasolina, gas natural y fertilizantes, entre otros.
Uno de los propósitos de la Magna Carta en el Siglo XIII fue limitar la capacidad del Rey de Inglaterra. Se obligó al Rey a conseguir el consentimiento del parlamento para obtener los recursos financieros para sus guerras. La tradición de la Magna Carta influenció la redacción de la Constitución de Estados Unidos.
Si los reyes de Inglaterra fueron limitados a través de los siglos sobre cuál guerra luchar, cómo luchar y cuándo llegar a acuerdos de paz, ciertamente se va a limitar a un presidente estadounidense en el Siglo XXI. Como mínimo, el Congreso va a forzar al presidente a informar los objetivos de la guerra, la ruta para alcanzar los objetivos y la estrategia post-conflicto.
El control del presupuesto también va a forzar nuevos planteamientos relacionados con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). El voto hispano, aunque cónsono con muchos de los lineamientos sociales republicanos como sería el tema del aborto, se volcaron hacia los demócratas en el 2026. La razón fue ICE deportando a vecinos y compañeros de trabajo de los votantes.
Los residentes de Puerto Rico han reaccionado de forma similar a las redadas de ICE de hermanos dominicanos. La diferencia es que el Partido Republicano no es electoralmente viable sin Florida y sin Texas.
A través del control del presupuesto, los demócratas van a pedir cambios en la operación de ICE. Va a haber acomodos. Estos acomodos, a su vez, impactarán el mercado laboral en áreas como la construcción y la agricultura.
En cuanto a los programas sociales, desde Sección 8 de Vivienda hasta las becas Pell, las reglas y el financiamiento de dichos programas están atados al proceso presupuestario. La presión va a ser para reglas más flexibles y aumentos en fondos. Esto es un excelente augurio para los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico relacionados con Medicaid/Plan Vital.
En la medida en que los elementos de la agenda demócrata requieran legislación en vez de ser temas relacionados con el presupuesto, su aprobación se vuelve más complicada.
Tomemos el caso de la agenda laboral. El Partido Demócrata, en mayor o menor grado, quiere cambios en la legislación laboral. Dichos cambios van desde aumentar el salario mínimo federal que ahora se sitúa en $7.25/hr. hasta beneficios durante el período de maternidad.
En estos casos, el Partido Demócrata necesitará negociar con miembros del Partido Republicano hasta alcanzar los dos tercios de votos que se necesitan para ir por encima del veto presidencial.
En conclusión, la victoria del Partido Demócrata implica un cambio de dirección en política económica que, en términos generales, favorece a Puerto Rico.