El presidente Joe Biden firmó hace unos días la Ley para la Reducción de la Inflación, una versión diluida pero importante del ambicioso plan fiscal y social que sometió al Congreso meses atrás. La ley contempla el gasto de más de 300 mil millones de dólares para proyectos de protección ambiental y reducción de los costos de la salud, entre otros asuntos, los cuales tendrán efectos significativos en la economía de Estados Unidos. Aún así, esa cuantiosa suma es una fracción de los millones de millones de dólares (trillions, en inglés) que hubiera costado la propuesta original, la cual sufrió recortes drásticos en su paso por los cuerpos legislativos federales.

El nombre de la ley tiene algo de truco de mercadeo, ya que las medidas que contempla no constituyen un programa de combate de la inflación. El problema de controlar y revertir la presión inflacionaria en Estados Unidos lo está atendiendo la Reserva Federal con la política de alzas en las tasas de interés, que es el instrumento adecuado para ese fin. Si acaso, el plan Biden puede tener un efecto favorable en los precios a largo plazo, a través de un incremento en la productividad de algunas industrias clave, pero no es de esperar que tenga un efecto inmediato en el problema de inflación que aflige actualmente a los hogares y empresas estadounidenses.

Pero el nombre de la ley no es tan importante como lo que esta incluye y lo que se dejó fuera. El presidente y su equipo están justificados en celebrar la aprobación de este plan de inversión pública como un logro importante. No hay duda de que lo es. El plan incluye proveer fuertes incentivos para acelerar la transición a tecnologías limpias que ayuden en la lucha contra el cambio climático, y esto estimulará inversiones transformadoras en industrias como la automotriz, con el efecto, entre otros, de crear nuevos empleos de alta productividad. A la misma vez, hará que se acelere el declive de algunas industrias tradicionales, como la producción y venta de gasolina, con la consecuente eliminación de empleos “tradicionales”. El balance neto debe ser positivo.

Por otro lado, el plan contempla un aumento en la carga contributiva para corporaciones y personas de ingresos altos, tanto para solventar en parte el fuerte aumento del gasto público como para darle un carácter redistributivo a la política fiscal de la administración demócrata. Uno de los aspectos más comentados es la imposición de una tasa contributiva mínima de 15% para las corporaciones, que fue, desde el inicio, una de las propuestas emblemáticas del gobierno actual.

Si bien el plan Biden luce favorable, en balance neto, para la economía de Estados Unidos, no es tan fácil evaluar cuál será su efecto en Puerto Rico. Los logros que se alcancen en materia ambiental serán buenos para la isla, sin duda, así como los beneficios que pueda aportar el control de los costos de la salud. Sin embargo, no está tan claro cuál será el efecto de aumentar las contribuciones corporativas, ya que eso depende de cómo las empresas ajusten sus planes de inversión futura al nuevo régimen tributario.

Un aspecto poco comentado es que, si se hubiera aprobado el proyecto de reconciliación presupuestaria en su versión original, se hubiera mejorado considerablemente el acceso de los residentes de Puerto Rico a varios programas federales. Eso significaba la promesa de una inyección recurrente de varios miles de millones de dólares a la economía local, que hubieran mejorado notablemente la situación de muchas familias puertorriqueñas. Sin este beneficio, las perspectivas de crecimiento para la economía de la isla en el mediano y largo plazos tienen que revisarse a la baja.

En fin, el Plan Biden que se acaba de convertir en ley no es el mismo Plan Biden que tantas expectativas favorables alentó cuando inició la actual administración demócrata. En jerga beisbolera, el presidente “no se ponchó”, pero tampoco bateó de jonrón. Para Puerto Rico, el resultado final obliga a rebajar un tanto las expectativas optimistas que se crearon con la victoria electoral de Biden.