El azote del huracán Fiona vino apenas unos días después de que la Junta de Supervisión Fiscal anunciara la suspensión de las negociaciones con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y le pidiera al tribunal del Título III de Promesa que diera paso al litigio para dirimir algunos conflictos pendientes entre las partes. Los daños que el huracán pueda haber ocasionado al sistema eléctrico, que todavía no se han evaluado a cabalidad, podrían añadir una capa de incertidumbre al cuadro ya de por sí complicado del futuro energético de Puerto Rico.

Cinco años después del huracán María, todavía no está plenamente en marcha la reconstrucción del sistema eléctrico ni se ha sacado de la quiebra a la AEE. Ahora se detienen las negociaciones de la deuda y un nuevo desastre natural nos sume nuevamente en un apagón universal. Ante esa situación, es lógico preguntarse si los responsables de la reconstrucción y reorganización del sistema eléctrico, incluyendo no solo a LUMA y la AEE, sino también al gobierno, la Junta y el Negociado de Energía, pueden retomar rápidamente el control de estos procesos y ahorrarnos varios años más de inquietud e incertidumbre.

Cualquier plan de desarrollo económico que se quiera poner en marcha en la isla requerirá contar con una infraestructura energética eficiente y confiable, y esta es una verdad que se repite como un mantra en todas las comunicaciones oficiales sobre el tema. No es que haya falta de conciencia sobre la urgencia de darle solidez a nuestro sistema energético, pero la implantación de un programa efectivo para lograrlo ha tardado demasiado, y ahora podría complicarse con el litigio sobre la deuda de la AEE y los daños que pueda haber causado el huracán.

También es preocupante el hecho de que muchos municipios que estaban trabajando en proyectos de reparación de infraestructura financiados con los fondos federales asignados luego del huracán María, se encuentren ahora nuevamente ante una emergencia provocada por otro desastre natural. La información que se ha dado hasta ahora revela que en muchos lugares hubo daños verdaderamente catastróficos. Esperemos que esto no dé al traste con los proyectos que ya estaban en marcha y que no imponga un retraso costoso en los planes de reconstrucción a nivel municipal.

Muchos municipios ya enfrentaban una situación desesperada en materia fiscal antes de este nuevo desastre. Sin duda ahora van a necesitar ayuda de emergencia, y es de esperar que la Junta asuma una actitud de colaboración para facilitarle a los alcaldes el llevar la ayuda necesaria a sus comunidades. Pero más allá de lo inmediato, el nuevo cuadro de desastre podría requerir una revisión a fondo de los planes de reestructuración financiera en los municipios.

En los próximos días se irá trazando un cuadro más claro del alcance de los daños y de los costos que conllevará la recuperación, los cuales se sumarán a la pesada suma heredada del huracán María. Las dificultades que ya se habían experimentado en la movilización de los fondos federales para la reconstrucción de seguro se harán más agudas, lejos de simplificarse. Si hemos de ser resilientes ante los embates de la naturaleza, tenemos que ser capaces de agilizar estos procesos sin que nos lo impidan ni los trámites burocráticos ni las discordias políticas o de otra índole.