La jueza Laura Taylor Swain parece estar decidida a no permitir que fracase la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En la vista del miércoles pasado, la jueza emitió varias órdenes con las cuales le dio una dirección bastante clara a este proceso en un momento en el que las partes se distancian y pretenden seguir por rumbos divergentes en lugar de llegar a un acuerdo consensuado.

El tribunal le ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal que continúe con la preparación de un plan de ajuste de deuda para la AEE y le puso fecha firme para diciembre de este año. La jueza Swain indicó también que quiere tener un plan aprobado y en marcha para junio del año próximo. A la misma vez, el tribunal decidió darle una oportunidad adicional a la mediación entre los bonistas y la AEE, representada esta última por la Junta.

Además de insistir en que continúe la renegociación de la deuda, la jueza decidió permitir que se diriman algunas controversias entre las partes, lo cual contribuirá, entre otras cosas, a esclarecer el verdadero alcance de los derechos de los bonistas, a los que se les adeudan más de ocho mil millones de dólares. Este es uno de los puntos críticos del desacuerdo entre los bonistas y la Junta.

Estas órdenes judiciales deben contribuir a que se apresure la resolución de esta deuda, con lo cual se cerraría el último capítulo de la quiebra del gobierno y otras entidades públicas. Esto, a su vez, es un paso indispensable para despejar el camino hacia la reorganización y reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. La propia jueza Swain reconoció, en sus declaraciones, que ese proceso de reorganización y reconstrucción ha cobrado más urgencia tras el embate del huracán Fiona.

En los próximos meses veremos debates muy interesantes sobre asuntos críticos en el tribunal del Título III creado por la Ley Promesa. Además de esclarecer los derechos de los bonistas, se irá aclarando también el futuro del plan de pensiones de la AEE, algo que mantiene en vilo a muchos jubilados de la corporación. Se deberá definir también, en el plan de ajuste que finalmente se adopte, el peso que tendrá en el futuro el servicio de la deuda renegociada y su posible repercusión en las tarifas de la energía eléctrica.

En el medio de la emergencia surgida tras el huracán nos vemos obligados a pensar en lo inmediato, dejando a un lado por el momento la visión de largo plazo. Sin embargo, hay muchas decisiones estratégicas que tomar sobre el futuro del sistema energético y no parece que exista un verdadero consenso en cuanto a algunas de ellas. Persiste la controversia sobre cuál debe ser el balance de la gestión pública y privada en el nuevo sistema eléctrico, sobre el alcance de las instalaciones de energía renovable, e incluso sobre el grado de descentralización y autonomía regional que mejor serviría a la seguridad y economía de las comunidades.

Todos estos asuntos tienen que dilucidarse a la misma vez, o preferiblemente antes, de que se empiecen a invertir los fondos federales prometidos para la infraestructura de la AEE. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hay mucha presión para que las fuentes alternas de energía tengan un papel destacado en el nuevo sistema, lo que supondría que buena parte de los fondos asignados irían a ese fin. Es previsible que esto se convierta en un tema muy contencioso a medida que se vaya definiendo el rumbo de la reconstrucción. Y ese será solamente uno de los puntos de conflicto.

Es necesario superar el escollo de la quiebra de la AEE para poder concentrar la atención en los grandes retos de construir una nueva infraestructura y una nueva cultura energética en Puerto Rico. La jueza Swain, con sus decisiones recientes, nos hace el favor de empujarnos en esa dirección.