Hace años que la UPR enfrenta el tema del colapso demográfico en Puerto Rico. Hace años que la UPR se niega a tomar acciones drásticas ante lo que es un cambio radical en sus circunstancias.

El anunciado cierre de la American University es producto de los cambios demográficos. Si hay menos estudiantes graduándose de escuela superior, va a haber menos estudiantes universitarios. Cientos de escuelas públicas y privadas han cerrado en los pasados años.

La UPR continúa reduciendo índices de ingreso para aceptar un porcentaje mayor del declinante número de estudiantes que se gradúan de escuela superior. La esperanza de buena parte de la comunidad universitaria de la UPR es que logren mantener suficiente matrícula como para no tener que implantar acciones drásticas. Difícil.

La Universidad Ana G. Méndez es producto de la consolidación en el 2018 de tres organizaciones (Universidad Metropolitana, Universidad del Este y Universidad del Turabo) en tan solo una organización para obtener eficiencias administrativas. La UPR se suponía que consolidara funciones administrativas de los distintos recintos, reduciendo personal en el proceso. Todavía no ejecuta.

La UPR ha probado ser incapaz de manejar responsablemente un sistema de pensión de beneficio definido. El mismo tiene un déficit en línea con lo que sucedió con los sistemas del gobierno central que quebraron. A pesar de que esto representa pasar una deuda a generaciones futuras, la UPR insiste en mantener este sistema de pensiones hasta que finalmente quiebre.

La UPR tiene mucho personal no docente que no deberían ser empleados de la UPR. Desde guardias a jardineros, el personal que no responda a la misión central de la UPR debería ser parte de contratos con firmas privadas especializadas en ofrecer servicios que vayan desde la seguridad hasta mantenimiento. La misión de la UPR es de educación e investigación, no es de patrono de empleados no docentes.

La comunidad universitaria de la UPR sigue inmovilizada pidiendo la restitución de la asignación del 9.6% del presupuesto del ELA según la Ley 2 del 1966. Dicha asignación fue resultado de una decisión de la clase política en el 1966, siendo gobernador Roberto Sánchez Vilella y estando Puerto Rico en medio del auge económico de Operación Manos a la Obra.

Pedir restituir dicho 9.6% no es consistente con un país que está en quiebra y pagando unos $1,200 millones en pensiones por año más otro tanto de deuda. Es una señal de enajenación. La actitud es particularmente lamentable cuando parte de esos impuestos provendrían de personas sin preparación universitaria para que la UPR utilice los fondos en mantener empleos no docentes que no necesita, en un sistema de pensiones que paga más de lo que le cobra a los empleados y en 11 recintos en una isla de 100 x 35 millas.

La UPR debe tomar inmediatamente ciertas medidas administrativas para controlar gastos que no impactan su misión. Mientras, debe establecer una hoja de ruta de las acciones drásticas necesarias para enfrentar el cambio demográfico. Lo otro es inmovilismo.