Nunca hemos estado tan cerca de eliminar el impuesto al inventario. El Proyecto de la Cámara 420 congela el impuesto por cinco años. La gobernadora Jenniffer González está cumpliendo su promesa de campaña. La Federación de Alcaldes se manifestó a favor. Es un paso en la dirección correcta.

La pregunta es qué sucede en cinco años. La preocupación de los comerciantes es que, si no lo dice la ley, en cinco años no se haga nada y sigamos con el impuesto al inventario. La preocupación de los municipios es que se incluya la derogación del impuesto, no se haga nada, y en cinco años terminen sin recaudos sustitutos.

Ambas preocupaciones son legítimas. Lo que tiene que estar claro es que, como país, necesitamos la eliminación del impuesto al inventario. El impuesto al inventario es una de las peores formas de obtener recursos para los municipios.

El impuesto al inventario lo pagan los consumidores, a quienes forzosamente se les tiene que pasar el costo del impuesto. Además, al disminuir el inventario en Puerto Rico, se crean ineficiencias. Desde un automóvil que no funciona porque tiene que esperar por piezas de remplazo, hasta mayor vulnerabilidad ante condiciones atmosféricas.

Este impuesto es particularmente dañino en estos tiempos de comercio electrónico. Las empresas del patio que crean empleo en la isla compiten con empresas de afuera, que tienen la ventaja de no tener que pasar a sus clientes el costo del impuesto al inventario.

Por lo tanto, necesitamos incluir en la legislación que el impuesto al inventario se elimina, y que se sustituirá por fondos equivalentes a los que reciban los municipios durante esos cinco años de congelamiento. Sería el mismo monto, pero se obtendría de grupos más amplios y de forma más eficiente. En el neto, el consumidor va a salir beneficiado y se protege a los municipios.

La legislación debe atar la eliminación del impuesto al inventario a alternativas a considerarse posteriormente, tales como: la eliminación del aporte municipal al Plan Vital, la eliminación de la aportación de los municipios al plan de pensiones de empleados públicos (PayGo), un leve aumento en las patentes municipales, un aumento en el impuesto a la propiedad comercial, un traspaso a los municipios del “room tax” de hoteles y unidades de renta de corto plazo o una combinación de dichas fuentes de fondos.

Cada una de estas opciones es un mecanismo mejor y más eficiente, desde el punto de vista económico, que el impuesto al inventario. El monto a obtenerse de cada una de las fuentes sustitutas se determinará a lo largo de los cinco años de congelación.

Existe una posible fuente adicional de fondos que no tiene que esperar los cinco años. La última enmienda a la Ley 60 estableció que se comenzaría a cobrar 4% al ingreso de los individuos con nuevos decretos de exención a partir del 2026. Los municipios podrían cabildear para enmendar nuevamente dicha ley y que los fondos adicionales sean destinados a sustituir los recaudos del impuesto al inventario.

Para encontrar soluciones se requiere creatividad y voluntad de todas las partes, incluyendo de la Junta de Supervisión Fiscal. Es necesario que la legislación del Proyecto de la Cámara 420 beneficie al país mediante la eliminación del impuesto al inventario luego del período de congelación de cinco años y, a la vez, garantice recaudos sustitutos a los municipios.