La Ley 17 del 2019, Ley de Política Pública Energética, liderada por los senadores Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia, representa un consenso bipartidista. Responde a la incapacidad de la gerencia y los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de proveer electricidad barata y confiable. Consistente con la Ley 17, los candidatos a la gobernación Charlie Delgado y Pedro Pierluisi han hecho expresiones en favor de privatizar la generación de electricidad en Puerto Rico.
El contrato de LUMA con la AEE es consistente con la Ley 7, que visualiza la segregación del negocio de generación de electricidad del negocio de transmisión y distribución, incluyendo servicio al cliente. Además, visualiza la contratación de un tercero para administrar transmisión y distribución.
Como es usual en negociaciones, ninguna de las partes obtuvo todo lo que deseaba. Sin embargo, el proceso de contratación nos da la tranquilidad de que no era factible obtener un contrato significativamente mejor. Se siguió el proceso de contratación de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), que es riguroso y transparente. La AAPP nunca ha sido visitada por el FBI para investigar alguno de los contratos ejecutados o llevar a cabo arrestos. El contrato de la AEE con LUMA se basó en un contrato existente de la Long Island Power Authority con un operador.
Tan solo cuatro grupos fueron al proceso de cualificación (Duke, Exelon, LUMA, PSEG). Si se tratara de una contratación con pingües ganancias, la fila de empresas interesadas hubiera sido larga. Tan solo dos empresas sometieron propuestas. La AAPP determinó que la propuesta de LUMA era superior.
Para leer la columna presione aquí.
TRIBUNA INVITADA El Nuevo Día Por: Vicente Feliciano jueves, 15 de octubre de 2020 (Foto: Primera Hora)
