Puerto Rico vive el reto de una limitada disponibilidad de médicos. Esta escasez ha sido particularmente aguda en el caso de especialistas, donde la brecha entre oferta y demanda amenaza la sostenibilidad del sistema de salud.

En este contexto, los programas de residencias médicas se han convertido en una estrategia esencial para frenar la pérdida de capital humano y garantizar la formación de profesionales de la salud en la isla. El fortalecimiento y expansión de estas residencias representa una apuesta inteligente y necesaria que, de sostenerse, puede transformar positivamente el panorama de los servicios de salud. Claro está, esto no se desarrolla de la noche a la mañana. La creación de un programa de residencia es un proceso complejo que puede tomar años, ya que requiere una planificación, rigurosa acreditación, coordinación institucional y la disponibilidad de recursos económicos.

En un estudio reciente, se demostró que la mayoría de los médicos suelen establecer su práctica profesional en el lugar donde realizan su residencia. Esto, según documentado por Advantage Business Consulting, implica que cada plaza de residencia en Puerto Rico no solo representa una oportunidad de formación, sino también una posible retención de talento médico que de otra manera emigraría.

En Puerto Rico, la tasa de médico residente por estudiante de medicina es de 0.5, mientras que en Estados Unidos es 1. Esta diferencia evidencia una realidad preocupante: nuestras escuelas de medicina gradúan un volumen significativo de estudiantes, pero la falta de plazas de residencia médica limita su desarrollo profesional en la isla. En consecuencia, estos graduados se ven forzados a emigrar para completar su formación y, en la mayoría de los casos, se establecen de manera permanente fuera de Puerto Rico.

El reto mayor que tienen los programas de residencias es la financiación. Según un estudio del U.S. Government Accountability Office (GAO), establecer una residencia médica puede representar entre $2 a $8 millones dependiendo de la complejidad y tamaño. En el caso de Puerto Rico, podemos estar hablando de entre $2 y $4 millones.

Claro está, Medicare absorbe una parte de esta inversión bajo los programas de Graduate Medical Education (GME). Sin embargo, si la entidad que ofrece la residencia quiere aumentar el número de espacios, los fondos tienen que venir de otra fuente. Además, hay que pasar por todo el proceso regulatorio del Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Este proceso es extenso y exigente para salvaguardar los estándares de calidad.

En los últimos años, Puerto Rico ha sido testigo de la creación de nuevos programas de residencia médica. Algunos ejemplos son el Sistema de Salud Menonita, con dos programas, Medicina Interna y Medicina de Familia, así como el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con la reapertura del programa de Neurocirugía. Además, se suma la Ponce Health Sciences University, con el lanzamiento de la residencia en Cirugía Ortopédica y la de dermatología.

La dirección es la correcta: invertir en residencias médicas significa apostar por la autosuficiencia del sistema de salud y por la calidad de vida de los pacientes. No obstante, se requiere voluntad política, visión a largo plazo y colaboración multisectorial para que estas iniciativas se consoliden y se conviertan en un pilar del desarrollo salubrista en Puerto Rico.