El Proyecto 1033 del Senado pretende establecer una estructura de precios para los trámites de notaría. Esta intervención del gobierno en el libre mercado es contraria a los mejores intereses de los residentes de Puerto Rico y a su bienestar económico.

El libre mercado permite que el ciudadano seleccione el notario a base de quién le inspira mayor confianza, mientras al mismo tiempo ofrece un precio razonable. Esta combinación de elementos, incluido el precio, debe formar parte de toda decisión de compra. Así pues, la decisión de compra de alimentos considera el valor nutritivo, el sabor, la conveniencia en el proceso de compra y el precio, entre otros factores.

Eso no quiere decir que lo ideal sea que no haya absolutamente ninguna intervención gubernamental en los distintos mercados. La misma se justifica si mejora las condiciones en las que opera el sistema de libre competencia.

En el caso de los servicios notariales, el gobierno de Puerto Rico impone un sistema de certificaciones centrado en la reválida notarial para garantizar un nivel mínimo de calidad. Por lo tanto, cuando el consumidor selecciona servicios notariales, sabe que todo notario en Puerto Rico ofrece lo que el estado considera una calidad aceptable.

Sin embargo, todavía el sistema existente en Puerto Rico representa una intervención excesiva e indebida por parte del gobierno. En Estados Unidos, ningún estado regula el precio mínimo que se debe cobrar por servicios legales. Todo lo contrario, algunos estados establecen el precio máximo que se puede cobrar, dejando a las partes acordar precios más bajos.

En ningún estado de Estados Unidos se requiere que un notario público sea abogado. Según se revisa la ley notarial en Puerto Rico, eliminar el requisito de que un notario público sea abogado sería un avance positivo.

En Estados Unidos, los integrantes del Partido Republicano se opondrían automáticamente a una medida como el Proyecto del Senado1033. La razón es que es un partido ideológico que, como regla general, favorece un gobierno pequeño y una intervención gubernamental mínima. Los principales líderes del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) son miembros del Partido Republicano.

El problema radica en que, contrario a lo que proclama el exsenador Orlando Parga, el PNP no es un partido ideológico. Ser un partido estadista no comunica nada sobre cuál será la posición del partido respecto del control de precios de los servicios notariales. Tampoco dice nada sobre cuál debe ser el nivel apropiado de impuestos o de requisitos de tener que trabajar para recibir beneficios de los programas de asistencia social.

Mucho menos, el que el PNP sea un partido estadista, no provee un marco ideológico para tomar posiciones en cuanto a las leyes con respecto al aborto, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, el trato a la comunidad inmigrante dominicana o la guerra de Irán.

No existe una justificación económica para controlar los precios de los servicios notariales. Por lo tanto, mi posición es que se debe eliminar de la Ley Notarial toda mención de precios, ya sea de máximos o de mínimos.