Hace par de meses se comunicó conmigo un oficial de una agencia acreditadora para preguntar por las perspectivas económicas de Puerto Rico. Le indiqué que por primera vez en muchos años estaba optimista. Me indicó que mi comentario validaba lo que estaba escuchando de otras fuentes, pero que, viniendo de mí, que había estado más comedido (y correcto) en el pasado, le parecía significativo.
Existen razones para estar optimistas. En primera instancia, el proceso de quiebra y reducción de deuda del gobierno de Puerto Rico va por buen camino. Se espera que para finales del 2021 se llegue a un acuerdo con respecto a la deuda del gobierno central.
Desde este punto en adelante, la gran carga para el contribuyente de la isla no va a ser la deuda gubernamental, que se situará en cerca de $1,500 millones anuales, sino el déficit en las pensiones gubernamentales. Dicho déficit representará una carga de unos $2,000 millones anuales para las generaciones más jóvenes.
En segunda instancia, el acuerdo de LUMA, con todos los inconvenientes de corto plazo que pueda tener, es un paso hacia un sistema energético confiable y eficiente. Décadas de fracaso con la AEE de operador y a la UTIER de principal representante de los trabajadores implican que el problema no era de esta o aquella administración gubernamental.
LUMA cristaliza un esfuerzo bipartito de dos senadores que son dos caballeros, Eduardo Bhatia y Larry Seilhamer. Estos llegaron al consenso que es la Ley 17 del 2019. Dicha ley visualiza un operador para transmisión y distribución. Después de un proceso abierto de Alianzas Público-Privadas, se seleccionó a LUMA.
La Junta de Supervisión Fiscal es un organismo colonial y no democrático. Sin embargo, durante años ha impedido que los representantes electos por el pueblo de Puerto Rico repitan los errores que nos llevaron a la quiebra. Le quedan varios años de labor.
Además, estamos teniendo suerte. Los avances tecnológicos en energía renovable de placas solares tienen un efecto más positivo en una jurisdicción caribeña que en una jurisdicción más al norte. Del mismo modo, el “sharing economy”, con su impacto sobre alojamiento (alquileres de corto plazo) y transportación (Uber) tiene un impacto particularmente positivo en una jurisdicción donde el turismo es un sector importante de la economía.
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TRIBUNA INVITADA El Nuevo Día Por: Vicente Feliciano Martes, 15 de junio de 2021 (Foto por: Vanessa Serra)
