El anuncio de que el gobierno pagará un bono especial de casi $3,000 a más de 98,000 empleados públicos ha causado cierta controversia. Por un lado, no hay duda de que es justo conceder una compensación especial, y que no es recurrente, a trabajadores de la administración pública que no recibieron ajustes salariales en los años duros de la austeridad fiscal. Pero, por otro lado, es razonable que muchos se pregunten por qué si hay un sobrante en el presupuesto, este no se distribuye entre todos los contribuyentes del país.
En el anuncio oficial, el gobierno indicó que este segundo bono, que se añade al tradicional bono de Navidad, es posible gracias a que los recaudos de Hacienda han estado considerablemente por arriba de lo que se proyectó en el plan fiscal vigente, el cual sirvió de base para la renegociación de la deuda gubernamental. Esta en sí misma es una noticia que merece un análisis cuidadoso. ¿Cómo es posible que pasemos en tan poco tiempo de la quiebra a lo que podría parecer una bonanza fiscal?
La trayectoria favorable en los recaudos de Hacienda se debe principalmente al crecimiento de la economía, que ha sido relativamente fuerte en los últimos dos años gracias a la inyección de fondos por causa de la pandemia y de los proyectos atados a la reconstrucción por los daños que dejó el huracán María. De hecho, la Junta de Planificación acaba de anunciar su estimado de que la economía local creció 4% en el año fiscal 2022, el cual terminó el pasado 30 de junio. Es evidente que los economistas del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal que diseñaron el plan fiscal vigente subestimaron el crecimiento económico y su efecto en la base contributiva.
Pero hay que preguntarse si este excedente en las arcas de Hacienda puede repetirse en los años venideros o si es una bonanza temporera. La expectativa de la Junta de Planificación es que el crecimiento económico se debilite considerablemente en los próximos meses, ya que proyecta un alza de menos de 1% en el producto bruto del año fiscal 2023. En mi opinión, esa proyección es muy tímida, pero tampoco parece muy probable que se repita un crecimiento de 4% o más en los próximos años. Si pensamos en un crecimiento de alrededor de 1.5% a 2% por año, es factible que los recaudos de Hacienda superen las proyecciones del plan fiscal en años venideros, aunque no por un margen tan amplio como en el presente.
De ser así, el gobierno debería contemplar la posibilidad de compartir ese beneficio con los contribuyentes, que en última instancia son los que sobrellevan el peso del presupuesto y de la deuda pública, y que en la actualidad se ven golpeados por la inflación y el alza de las tasas de interés. En este contexto, cobra vigencia nuevamente la propuesta de reforma contributiva que lanzó el gobernador Pierluisi hace más de un año y que ha caído en el olvido a pesar de que el grupo de trabajo designado para este fin rindió hace varios meses un informe preliminar bastante detallado.
Por supuesto, no se debe crear una mentalidad de bonanza que propicie iniciativas populistas y pueda comprometer la disciplina que se supone que venga con el plan fiscal y que todavía no está asimilada en nuestra cultura política. Además, hay que recordar que el crecimiento que disfrutamos en la actualidad, y que esperamos que continúe por varios años, se sostiene con fondos que no surgen de la propia economía local. El manejo fiscal debe ayudar a crear la confianza que se necesita para estimular la inversión privada que ya se manifiesta en diversos sectores y que es la verdadera clave para el crecimiento sostenido en la economía post-reconstrucción.
