Teodoro Moscoso fue un genio. En 1947 promovió la legislación que propició la industrialización de Puerto Rico. El modelo económico descansaba en sacar partido de las condiciones coloniales de la isla. En primera instancia, aprovechaba que como colonia estábamos dentro de la estructura arancelaria del mayor mercado del mundo, la de Estados Unidos. Además, aprovechó una ley de beneficios contributivos federal, diseñada originalmente para promover inversión norteamericana en la entonces colonia de las Filipinas. Moscoso la combinó con la Ley de Incentivos Industriales del 1947.

Con el pasar del tiempo, este modelo se fue erosionando. Por un lado, Estados Unidos redujo sus aranceles con respecto al resto del mundo. Durante la década de 1950, la industria textil, sector dominante de la manufactura, fue cediendo espacios a la producción en países en vias de desarrollo, con mano de obra barata, que ahora podían entrar al mercado estadounidense con aranceles bajos.

De esa parte del modelo queda la producción para el Departamento de la Defensa, que por razones de seguridad mantiene la mayoría de sus compras en territorios estadounidenses. Así pues, producimos desde uniformes militares hasta aeronáutica para combate.

Por otro lado, las exenciones contributivas también se han erosionado, según muchos países, incluyendo a Estados Unidos, ha reducido sus tasas contributivas. Puerto Rico, sin embargo, las ha ido subiendo, ante la necesidad de que la manufactura contribuya al Fondo General. El golpe más reciente fue el Pilar II de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, por su sigla en inglés) que promueve entre sus países miembros una tasa contributiva corporativa mínima de 15%.

El Pilar II fue adoptado por muchos países europeos con empresas que tienen operaciones en Puerto Rico. Si la tributación en la isla es menos del 15%, la nación de origen le impone el diferencial entre el 15% y lo pagado en Puerto Rico. Esto hace inoperante el modelo local de incentivos contributivos.

Algunos industriales han promovido que se les imponga un 15% de tasa contributiva y que se les otorguen créditos contributivos que tengan el efecto de reducir la tasa efectiva de vuelta al nivel actual de entre 3% y 6%. Hay dudas de si legalmente un sistema construido de esta manera, en el que los créditos están diseñados para regresar la tasa contributiva a su lugar de origen, protegería legalmente a las empresas de imposiciones contributivas en los países de origen.

De lo que no hay duda es que este es un esfuerzo contra la corriente, tratando de preservar el modelo de Moscoso, a pesar de que la corriente mundial es en la dirección contraria. Por lo tanto, alargaría la vida del modelo, pero no alteraría su eventual desaparición.

La otra alternativa es nadar con la corriente internacional. Por ejemplo, se podría imponer un 15% de tasa contributiva local, ofrecer un crédito por la diferencia entre el costo de la electricidad en Puerto Rico con respecto a Estados Unidos y eximir a esta inversión de leyes laborales locales, aunque no las federales, como se hizo con Lufthansa en Aguadilla.

Las empresas serían competitivas a nivel internacional al tiempo que contribuirían más a un fisco que le urgen recaudos según envejece la población. El modelo ofrece mayor certidumbre a la inversión que la propuesta sobre la mesa porque de seguro las empresas quedarían exentas de contribuciones adicionales a nivel de los países de origen.

Podemos seguir actuando como si el mundo no estuviera en transición. Sin embargo, mi recomendación es movernos hacia lo que ya es el mundo del Siglo XXI.