El teléfono celular se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Es parte de la forma en que nos comunicamos, nos informamos, trabajamos y, cada vez más, aprendemos.

En este contexto, las escuelas enfrentan el desafío de definir cuál es el lugar, si alguno, que deben ocupar los celulares en el proceso educativo. Recientemente, se aprobó el Proyecto de la Cámara 179 para limitar el uso de celulares en horarios escolares en las escuelas públicas.

Mientras algunos sectores abogan por prohibiciones estrictas, alegando que los teléfonos son una fuente de distracción, otros reconocen su potencial como recurso pedagógico. Así, la discusión sobre el uso del celular en la escuela pública se sitúa entre dos polos: el control y la oportunidad.

La narrativa predominante en muchas políticas educativas recientes ha sido la de restringir o incluso prohibir el uso de teléfonos celulares dentro del entorno escolar. El argumento es claro: los dispositivos móviles desvían la atención de los estudiantes, fomentan el ocio digital y abren la puerta a problemas como el plagio, el acoso cibernético y la difusión de peleas entre estudiantes.

Sin embargo, este enfoque plantea interrogantes fundamentales: ¿se está afrontando un problema real o simplemente se está perdiendo de vista cuestiones más profundas? ¿Es el celular una de las causas del bajo rendimiento académico y el desinterés de los estudiantes en el aula? ¿O se trata solo de una distracción en un sistema educativo que enfrenta retos mucho más importantes?

En el otro extremo del debate se encuentra la visión que propone integrar los celulares como parte del proceso de aprendizaje. Desde aplicaciones educativas, acceso rápido a información, participación en plataformas de discusión, hasta su uso como calculadora o grabadora para proyectos, el teléfono móvil puede convertirse en una extensión útil del aula.

Es importante resaltar que este debate no ha tenido la misma intensidad en el sistema educativo privado, donde el uso de celulares en su mayoría está prohibido. En dichas instituciones, la integración tecnológica se realiza a través del uso de computadoras, siempre bajo supervisión.

La pregunta clave no debería ser si se permite o no el uso del celular, sino cómo enseñar su uso responsable dentro del entorno escolar. Así como se educa para el pensamiento crítico, la lectura comprensiva o la resolución de conflictos, también se debe orientar respecto al uso del celular y la tecnología.

El debate sobre el celular en la escuela pública es, en esencia, una conversación sobre el tipo de educación que queremos construir: ¿una basada en la obediencia y el control, o una que prepare a los estudiantes para desenvolverse con criterio y responsabilidad en el mundo en el que ya viven?

En mi opinión, la solución no reside en prohibir, sino en establecer normas claras, diseñar actividades que integren el uso del celular con fines pedagógicos y promover espacios de diálogo entre estudiantes, docentes y padres sobre los límites y beneficios de la tecnología. Esto requiere apertura a nuevas ideas y un esfuerzo colectivo.

El reto consiste en diseñar políticas educativas que no ignoren la realidad tecnológica, sino que la integren con criterio. Se trata de formar estudiantes capaces de usar las herramientas digitales con propósito, juicio y responsabilidad. Solo así podremos avanzar hacia una educación más relevante, inclusiva y conectada con el presente que viven nuestras jóvenes generaciones.