Una misión clara en la UPR

En los pasados días Medios por Puerto Rico presentó “Detrás de la Promesa”. En dicho reportaje, una oficial del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) lamentaba que los estudiantes tuvieran que obtener préstamos para completar sus estudios. Sugería mayores aportaciones provenientes del Fondo General. En otras palabras, sugería que trabajadores de bajo ingreso paguen contribuciones con el objetivo de que futuros médicos no tengan que tomar préstamos para pagar por sus carreras.

Este es un ejemplo de cómo la UPR carece de una misión clara y, por lo tanto, de una política para cumplir con dicha misión. Supongamos que la misión de la Universidad fuera que todo estudiante admitido pudiera cursar estudios, irrespectivo de su condición económica. Entonces, los préstamos de los estudiantes de medicina deberían ser vistos como algo normal y hasta positivo. Si un estudiante de medicina termina sus estudios con una deuda de $100 mil es un monto muy manejable para su nivel de ingreso futuro. Nadie va a dejar de estudiar medicina porque al final del camino tenga $100 mil en préstamos.

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La derogación es un paso atinado

El objetivo de la Ley 80 es proteger a los buenos trabajadores de despidos injustificados. Lamentablemente, en la práctica, el cumplimiento de sus objetivos ha sido poco efectivo. Por el contrario, ha habido menos empleo, salarios más bajos, altos costos de cumplimiento, peso desproporcionado sobre pequeñas empresas y protección de empleados menos productivos.

Un ejemplo de cómo una legislación laboral bien intencionada causa desempleo es el caso de Lufthansa. Estuvo cerca de establecerse en México en vez de Puerto Rico debido a las leyes de tiempo extra existentes aquí. Para conseguir la inversión y empleos aquí fue necesario aprobar la Ley 32 de 2014 para promover la industria de reparación y mantenimiento de aeronaves. El artículo 6 exime a las empresas de esta industria de las leyes locales de compensación por tiempo extra.

La Ley de Cierre limitaba el horario de actividad comercial y subía los costos de operar mediante pagos especiales al personal que trabajaba los domingos. De no eliminarse, habría más empleo, pero no en la isla, sino en Amazon, en Washington.

 

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