A eliminar el impuesto al inventario
Nunca hemos estado tan cerca de eliminar el impuesto al inventario. El Proyecto de la Cámara 420 congela el impuesto por cinco años. La gobernadora Jenniffer González está cumpliendo su…
La reforma laboral puede ser contraproducente
El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. En esa línea, los deseos de mejorar la condición del trabajador puertorriqueño mediante una nueva legislación laboral podrían resultar en muchos…
Hora cero para la quiebra de Puerto Rico
No va a haber posposición. El Plan de Ajuste de la quiebra de Puerto Rico se aprueba próximamente o se desestima el proceso de quiebra. La diferencia entre la legislatura…
Monedas apiladas en forma de barras que ascienden y encima una flecha de pino que apunta hacia arriba.
A calibrar el salario mínimo
Aprobar leyes en el Capitolio, ya sea el de Washington D.C. o el de San Juan, no deroga las leyes de oferta y demanda. Cuando un empresario aumenta el precio…
Bono de Navidad: fijación ideológica de la Junta
Al analizar el bono de Navidad en Puerto Rico, hay que concluir que la Junta de Supervisión Fiscal tiene una fijación ideológica con el bono que está divorciada de los…
Negociar por el bien de la isla
Promesa es un animal extraño en Washington. Es un producto casi extinto de lo que se denomina legislación bipartita. En un ambiente dominado por posiciones extremas, fueron legisladores de centro, tanto republicanos como demócratas, los que aprobaron Promesa por abrumadora mayoría y por disposición de esta ley se constituyó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La JSF surge por la crisis fiscal de la isla y de la cual es en parte responsable el pueblo de Puerto Rico. En su génesis, tiene un issue de déficit de democracia. Sin embargo, mientras seamos colonia, negociar de buena fe con la JSF es nuestra mejor alternativa.
Los republicanos querían una junta de control que impusiera disciplina fiscal en Puerto Rico. Los demócratas querían un mecanismo de restructuración de deuda que en los EE.UU. existía para municipios y empresas gubernamentales, pero no para los estados ni para los territorios. El compromiso fue Promesa.